Nuevas normas para las alegaciones ecológicas
En los últimos tiempos se ha renovado el debate sobre la necesidad de proteger a los consumidores para que no sean víctimas de tácticas de «lavado verde» a la hora de adquirir productos o servicios sostenibles. En este contexto, es importante destacar cómo está evolucionando la normativa europea para proporcionar un mayor control y verificabilidad de las alegaciones de sostenibilidad.
Tradicionalmente, las empresas que practican el «greenwashing» están sujetas a las normas de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales y la Directiva sobre Derechos de los Consumidores, cuyo objetivo es proteger a los consumidores de afirmaciones comerciales falsas o engañosas y garantizar la competencia leal en el mercado. La Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales prohíbe a las empresas hacer afirmaciones falsas o engañosas sobre sus productos o servicios, mientras que la Directiva sobre Derechos de los Consumidores exige a las empresas que proporcionen información precisa y clara a los consumidores sobre los productos que ofrecen.
A pesar de sus intenciones de proteger a los consumidores, ambas directivas se enfrentan a varios obstáculos. Uno de los principales es que, aunque estas directivas son restrictivas, no siempre ofrecen suficiente protección a los consumidores. Además, las directivas no proporcionan directrices específicas y explícitas sobre cómo deben presentarse las alegaciones medioambientales. Como consecuencia, los consumidores se ven a menudo confundidos y tienen dificultades para distinguir entre alegaciones de sostenibilidad legítimas y falsas. Solo en Europa, los consumidores están expuestos a más de 200 etiquetas sobre sostenibilidad, lo que puede generar más confusión y desconfianza en el mercado.
Hoy algo está cambiando. En diciembre de 2019, la Comisión Europea adoptó el Green Deal europeo, cuyo objetivo es crear una economía sostenible y climáticamente neutra para 2050. Uno de los objetivos del Green Deal es la necesidad de contrarrestar las falsas afirmaciones medioambientales, proporcionar información fiable y comparable a los consumidores para que tomen decisiones sostenibles y reducir el riesgo de lavado verde.
Posteriormente, la necesidad de abordar el lavado verde se ha identificado como una prioridad tanto en el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular como en la nueva Agenda del Consumidor. En marzo de 2022 se presentó una Propuesta de Directiva sobre la capacitación de los consumidores en la transición verde, destinada a reforzar la protección de los consumidores frente a falsas afirmaciones medioambientales y a garantizar que reciban información adecuada sobre la sostenibilidad y la reparabilidad de los productos antes de comprarlos.
En marzo de 2023 se presentó una Propuesta de Directiva sobre Alegaciones Medioambientales Verdes, que obliga a las empresas a respaldar sus alegaciones sobre atributos medioambientales o la eficacia de sus productos y organizaciones con métodos sólidos, científicamente sólidos y verificables. La propuesta pretende modificar la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales y la Directiva sobre Derechos de los Consumidores para ofrecer a los consumidores una mayor protección contra las prácticas comerciales desleales.
A medida que avanzamos en nuestros esfuerzos por proteger el medio ambiente, cada vez está más claro que una de nuestras prioridades clave debe ser contrarrestar las falsas afirmaciones medioambientales y proporcionar a los consumidores información fiable. El Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción para la Economía Circular y la Agenda del Consumidor dan prioridad a la necesidad de contrarrestar las falsas alegaciones medioambientales y proporcionar a los consumidores información fiable.
La propuesta de Directiva sobre alegaciones ecológicas, junto con la Directiva sobre la capacitación de los consumidores en la transición ecológica, representa un paso hacia una economía más transparente y sostenible. Mediante el establecimiento de una metodología común para la justificación de las alegaciones ecológicas, la UE pretende atajar el problema del «lavado verde».
De este modo, las empresas podrán comunicar a los consumidores con exactitud y veracidad el impacto ambiental de sus productos y servicios, y les resultará más fácil distinguir entre las empresas realmente comprometidas con la sostenibilidad y las que se aprovechan de la falta de normativa.
A pesar de estos avances, aún quedan retos por abordar.
Uno de los mayores es la falta de normas claras y específicas sobre las declaraciones de neutralidad de carbono. Para muchos, la neutralidad de carbono sigue siendo una cuestión compleja y polifacética, y puede resultar difícil medir y justificar las afirmaciones relacionadas con ella. Lo más probable es que la UE aborde esta cuestión en el futuro elaborando nuevas directrices o reglamentos centrados específicamente en la neutralidad de carbono.
Las disposiciones sobre compensación de emisiones de la nueva propuesta son bastante modestas por el momento y sólo prevén obligaciones relativas a:
1. Separar el total de emisiones compensadas de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la empresa, como información medioambiental adicional;
2. Especificar si estas compensaciones se refieren a reducciones o eliminaciones de emisiones;
3. Describir cómo los créditos utilizados para compensar las emisiones son de alta integridad y se contabilizan adecuadamente para reflejar el impacto climático declarado;
4. Proporcionar información sobre cómo las declaraciones de sostenibilidad relacionadas con un producto o servicio están vinculadas a la compensación de emisiones.
A la espera de nuevas directrices y normativas, animamos a nuestros clientes a que sigan las normas internacionales más estrictas para medir la verdadera neutralidad de carbono, eligiendo créditos de carbono de alta calidad para garantizar no sólo afirmaciones fundamentadas y fiables, sino también una contribución significativa para detener el cambio climático.
